Madrid

Al cierre del ejercicio parece evidente que el escándalo político estrella ha sido el caso Gürtel. Aun cuando todavía quedan pilas de folios por divulgar, sus efectos en Valencia han sido devastadores, como es bien sabido. Se ha llevado por delante a un secretario general del PP, a pesar de su resistencia a inmolarse, ha arruinado el crédito profesional de un magistrado del Tribunal Superior de la CV y, contrariando a quienes todavía le conceden alguna posibilidad, ha truncado la carrera pública del presidente de la Generalitat, tan pimpante hace tan solo unos meses. El episodio no sólo ha puesto de relieve las limitaciones personales del molt honorable para cuidar su reputación institucional sino también la permeabilidad del partido a las maniobras de los vividores. Se les ha dado tanto cuartel que poco ha faltado para que se les condecorase por su eficiencia en la hábil práctica del soborno.

Pero si bien el mentado asunto ha merecido la primacía, sobre todo judicial y mediática, no es menos cierto que a lo largo de estos meses el Gobierno de Francisco Camps nos ha amenizado y soliviantado con otras iniciativas que han desfigurado hasta quedar hecho unos zorros el perfil de demócrata liberal que gustaba lucir. El boicot a la enseñanza de la Educación para la Ciudadanía no fue precisamente una decisión lúcida, tanto más debido al circo que le montó el consejero del ramo al imponer su docencia en inglés, por no hablar de las delirantes e ilegales cláusulas de conciencia que pudieron alegar los padres piísimos, como si el estudio de esas elementales nociones para la convivencia democrática comportasen la eutanasia espiritual del alumnado. Ninguna medalla ha podido colgarse tampoco por la aplicación morosa y desganada de la Ley de Dependencia, lo que resulta singularmente indignante por afectar a un estamento tan desvalido. Aducir como se aducen problemas de financiación estatal -que en parte son ciertos- no sirve más que para evocar los despilfarros que se acometen en pompas y espectáculos prescindibles.

Si a la corrupción y a la estulticia de algunas medidas le agregamos el favoritismo administrativo y la opacidad de la gestión -véanse los trapicheos que revela la reciente auditoría de la Sindicatura de Comptes- no ha de chocarnos que hasta en los círculos más fieles del PP valenciano -por no hablar de la restringida reserva cívica conservadora, que la hay- haya prendido la inquietud, aunque no por el futuro que le aguarda a su máximo dirigente, que lo dan por amortizado, sino por el calvario crítico que le aguarda al partido hasta las próximas elecciones. A nadie se le oculta que la nutrida mayoría parlamentaria de la derecha es incapaz de afrontar dialécticamente los embates de los síndicos y síndicas de la oposición, tanto más embravecidos en la medida que los populares se encogen tanto por ineptitud retórica como por la endeblez argumental.

Esta semana, a propósito de una confrontación en las Cortes, un político veterano y prohombre del PP nos comentaba que éste había sido un año perro para su partido, pero que no impediría su victoria en las urnas. Invoqué el hedor a chacinería y la pobreza democrática en que los valencianos estábamos sumidos. A pesar de todo, ganaremos, insistió. Aunque sin consuelo, no pude por menos que evocar a Unamuno, con aquello de que ganarán, pero no convencerán.

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