Génova suspende de militancia a todos los imputados por Garzón, obliga a renunciar a alcaldes pero hace una encendida defensa del jefe del Consell y de su "número dos"
PERE ROSTOLL Las decisiones ejemplarizantes de la dirección nacional del PP, arrastrada por las revelaciones del juez Baltasar Garzón sobre la trama de corrupción que dirigía Francisco Correa y que salpica directamente a los populares, se quedaron sólo en Madrid. En medio del silencio de Mariano Rajoy, a Dolores de Cospedal le tocó dar la cara. Y lo hizo durante una comparecencia en la sede del PP de la calle Génova -donde Garzón, en su auto, sitúa el origen de la red corrupta- en la que anunció, inicialmente, la suspensión de militancia de todos los implicados por el magistrado con dos únicas excepciones: las de Francisco Camps y Ricardo Costa, número dos del PP, a los que el auto del juez atribuye el cobro de 20.000 euros en trajes a medida pagados por empresas de la red con adjudicaciones del PP valenciano y el Consell.
La intervención de la número dos de Rajoy, que consideró "insidiosas e injustificadas" algunas de las afirmaciones de Garzón contra el que redobló sus ataques, causó una enorme confusión hasta el punto que, para no evidenciar la doble vara de medir entre el PP que controla Esperanza Aguirre y el de Francisco Camps, la propia formación tuvo que rectificar con posterioridad. Finalmente, el PP optó por tomar medidas formales contra todos los imputados -lo que provocó la renuncia de dos alcaldes en Madrid- y esperará en el caso de los aforados autonómicos, tres diputados de Madrid además de los citados Camps y Ricardo Costa.
Esa diferencia es clave: no sería justificable actuar contra aforados de Madrid y dejar al margen al jefe del Consell y al secretario general del PPCV. En todo caso, a pesar de ese requiebro táctico de la dirección nacional del PP, a los únicos que la propia De Cospedal y otros notables de la cúpula nacional como Javier Arenas o Soraya Sáenz de Santamaría defendieron con contundencia fueron al presidente de la Generalitat y al secretario general de los populares valencianos. Una evidente distinción entre el PP de Madrid, controlado por Esperanza Aguirre, rival de Rajoy durante meses por el liderazgo nacional del PP; y el titular de la Generalitat, uno de los báculos en los que la cúpula de Mariano Rajoy se ha sostenido en los momentos de máxima debilidad interna.
Para la número dos del PP, el jefe del Consell ni ha incumplido el código ético del partido, tal y como se desprende del auto en el que se asegura que Camps recibió como regalo trajes pagados por una empresa; ni es preciso tomar medidas disciplinarias internas. "No está probado. Las declaraciones del sastre ante Garzón no son pruebas suficientes", apuntó De Cospedal que, además, igual que Javier Arenas se esforzó en negar cualquier tipo de financiación ilegal del partido -son "insidias", dijo- a pesar de que el magistrado habla de la existencia de varios pagos de la red corrupta al PP de Valencia, uno de ellos de 420.000 euros en diciembre de 2002, cinco meses antes de que arrancara la primera campaña autonómica de Camps como candidato a la Generalitat.
A juicio de María Dolores de Cospedal, en una declaración leída, el jefe del Consell "está siendo objeto de gravísimas acusaciones y ataques con el fin de menoscabar su imagen pública e institucional que no se corresponden con la naturaleza de los hechos relatados por el juez en su auto". Ese "mismo apoyo" ofreció la secretaria general del PP a Costa, al que animó a tomar todo tipo de acciones legales para defender su "honorabilidad". Javier Arenas, vicesecretario del PP, definió a Camps como un político "honrado" y para Soraya Sáenz de Santamaría, portavoz popular en el Congreso, el auto "no acredita en ningún momento cómo por esos trajes se llegaron a cometer actos ilícitos como son determinadas adjudicaciones".
Con su defensa de Camps, de momento, los populares vuelven a ganar tiempo en tanto el TSJ, al que Garzón ha remitido la investigación, decida si asume el caso o si, por contra, determina que no existen indicios suficientes contra el jefe del Consell. En las filas de los populares valencianos continúa la incertidumbre no sólo por la implicación de Camps en la trama corrupta sino también de Costa -el corazón de la Generalitat y del PP- a pesar, admiten, del respiro que ha supuesto para el presidente que el caso lo asuma el TSJ y no el Supremo, tal y como planteaba el juez Garzón. Tanto en el PP como en el Consell, durante semanas y sin ningún tipo de recato, se daba por hecho que la vinculación del titular de la Generalitat con la "operación Gürtel" finalizaría en el momento en el que el sumario llegara a Valencia.
Ayer, en el entorno de la cúpula del PP y del Consell -movilizados a golpe de teléfono el jueves por la tarde en cuanto se dio a conocer la decisión judicial-, al margen de intentar desactivar detalles del auto de Garzón, se insistía en la necesidad de que el asunto -un escenario inédito en la historia de la autonomía valenciana- se resuelva con la máxima celeridad. Una situación muy complicada hasta el punto de que Camps y Costa, al cierre de la edición, habían sido "borrados" de la agenda autonómica y del PP para este fin de semana.
El campismo se moviliza y el PP de Alicante calla
A golpe de llamada de teléfono y de comunicado de prensa desde la sede del PP en la calle Quart, el campismo se movilizó por completo después de que Garzón haya llegado con sus investigaciones al corazón tanto del PPCV como del Consell con la implicación en la trama corrupta que lideraba Francisco Correa -con Álvaro Pérez Alonso "El Bigotes" como representante en la Comunidad- tanto de Francisco Camps como de Ricardo Costa. Ambos enviaron a todas sus naves para defender su honorabilidad, el comité de dirección del PPCV -los cuatro vicesecretarios generales y los coordinadores- y los principales alcaldes -caso de Sonia Castedo- se pusieron en marcha para reivindicar la honestidad del jefe del Consell y del número dos de los populares valencianos. Durante toda la jornada hubo un goteo de comunicados y de declaraciones de la dirección regional del PP y de los principales actores del campismo alicantino como el vicesecretario regional y alcalde de Crevillent, César Augusto Asencio; la portavoz popular en Elche, Mercedes Alonso; o la primera edil alicantina Sonia Castedo. Hasta Fabra dijo poner la mano en el fuego por Camps y Alfonso Rus reiteró su idea de llenar la Plaza de Toros de Valencia para aclamar el presidente. Todos salieron en defensa de sus jefes. El alud de adhesiones del campismo contrasta, por contra, con el silencio de la dirección del PP en Alicante, controlada por Joaquín Ripoll, al que Camps, mediante una candidatura encabezada por Manuel Pérez Fenoll, trató de desalojar de la cúpula de los populares alicantinos. Ripoll fue el único dirigente del PP que no aplaudió a Camps durante la última junta directiva regional.
