El concejal, ex edil de Fiestas de Novelda, está acusado de malversación de fondos, estafa y falsedad documental
El PSOE de Elda exigió ayer la dimisión o, en su caso, destitución del concejal de Servicios del Ayuntamiento eldense, el popular Ricardo Monzó, tras confirmar la Audiencia Provincial, con la desestimación de su recurso, que tendrá que acudir a juicio para responder por los supuestos delitos de malversación de fondos públicos, estafa y falsedad documental de los que se le acusa y por los que la Fiscalía pide siete años de prisión.
El denominado "caso Cabalgata" se remonta al año 2007, cuando Ricardo Monzó dirigía la concejalía de Fiestas de Novelda. Concretamente, el concejal está acusado de los presuntos delitos de malversación de fondos, estafa y falsedad documental, "delitos que son lo suficientemente graves como para que abandone su acta de concejal o, en su caso, para que la alcaldesa Adela Pedrosa le destituya, para evitar a los eldenses la vergüenza de tener que ver en el banquillo de los acusados a uno de sus concejales", según destacó ayer Eduardo Vicente, vicesecretario general del PSOE de Elda.
El alcalde de Novelda, el socialista Mariano Beltrá, destacó ayer por su parte que la resolución de la Audiencia "demuestra el acierto del equipo de gobierno de poner el caso en manos de la Justicia". El caso por el que finalmente Monzó deberá ir a juicio oral, al no existir ya la posibilidad de recurso, fue destapado por el actual equipo de gobierno socialista en enero de 2008, cuando el alcalde y la actual edil de Fiestas, Remedios Boyer, denunciaron la existencia de facturas falsas y la reclamación de 25.000 euros por parte de dos proveedores que participaron en la organización de la Cabalgata de Reyes de 2007.
"Buenas prácticas"
El vicesecretario general del PSOE de Elda insistió ayer que la situación de Monzó en el Ayuntamiento eldense "es insostenible y, por tanto, no cabe más que una reacción contundente por parte de la alcaldesa, que sin embargo parece tener la intención de mantener a su mano derecha al frente de la concejalía que más dinero gestiona hasta el final de las actuaciones, en contra de lo que el PP pregona".
Vicente se remitió, en este sentido, al código de buenas prácticas que el PP aprobó, a nivel nacional, el pasado diciembre "al calor del caso Gürtel" y en el que, entre otros compromisos, se pone de manifiesto que todos los cargos públicos, responsables políticos y profesionales con funciones ejecutivas en el partido "han de observar el máximo rigor y exigencia en el desempeño de sus funciones, velando siempre por el interés público y el servicio a los ciudadanos, y absteniéndose de cualquier conducta que, aun siendo plenamente legal, pueda dañar la imagen u honorabilidad de la organización a la que pertenecen".
