09/09/09
No tiene explicación, salvo que se trate de una pura represalia ideológica instrumentada desde la justicia, que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, deba comparecer hoy como imputado ante el Tribunal Supremo por su actuación jurisdiccional en la indagación de los crímenes del franquismo durante la Guerra Civil y la dictadura.
No puede dejar de asombrar, en efecto, que al juez que puso a Pinochet al alcance de la justicia y que investigó los crímenes contra la humanidad cometidos por las dictaduras militares del Cono Sur de los años setenta se le quiera perseguir penalmente por intentar hacer lo mismo en su propio país. Si no se para a tiempo, el caso puede resultar esperpéntico y causar una enorme estupefacción internacional.
La querella contra Garzón tiene un componente ideológico innegable. A los querellantes les provoca sarpullidos oír hablar de crímenes del franquismo y buscan, instrumentalizando una vez más a la justicia, hacer pagar a Garzón su osadía por haber dejado en dos autos judiciales un relato sistemático de la represión franquista y de su posible valoración jurídico-penal. Lo más grave es que ese componente ideológico aparezca también en la persona del magistrado ponente del auto de admisión de la querella, Adolfo Prego, patrono de honor de una fundación próxima ideológicamente a los querellantes (el sindicato ultraderechista Manos Limpias y la Asociación Libertad e Identidad) y que no ha ahorrado críticas públicas a la Ley de Memoria Histórica. Debería haberse abstenido, pero no lo ha hecho. Tampoco hay que descartar antagonismos personales entre jueces que, lamentablemente, interfieren a veces en la función jurisdiccional.
Lo aberrante de la querella es que se persiga a Garzón por lo que hacen los jueces todos los días: dictar resoluciones más o menos fundadas o controvertidas, pero que son resueltas en el ámbito de la propia jurisdicción. ¿O habría que acusar de prevaricación al juez Eloy Velasco o al propio Garzón por dictar resoluciones contradictorias respecto de la etarra Maite Aranalde? Con acierto la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional dictaminó que ambas "responden a criterios legales". De ahí que la Comisión Internacional de Juristas, integrada por presidentes de Cortes Supremas y juristas de prestigio de todo el mundo, califique con toda la razón del mundo la querella contra Garzón de "interferencia injustificada en las funciones del juez". ¿No temen los magistrados del Supremo bordear ellos mismos la prevaricación dando alas a semejante querella?
Que la controversia sobre los crímenes del franquismo tiene enjundia jurídica lo demuestra el hecho de que otros jueces, incluso de la Audiencia Nacional, y no sólo Garzón, mantengan que lo son contra la humanidad. Una controversia que debe dirimir el Tribunal Supremo y sobre la que se basa la querella que ese mismo tribunal tramita contra Garzón. Un dato más que muestra el despropósito del caso.
No puede dejar de asombrar, en efecto, que al juez que puso a Pinochet al alcance de la justicia y que investigó los crímenes contra la humanidad cometidos por las dictaduras militares del Cono Sur de los años setenta se le quiera perseguir penalmente por intentar hacer lo mismo en su propio país. Si no se para a tiempo, el caso puede resultar esperpéntico y causar una enorme estupefacción internacional.
La querella contra Garzón tiene un componente ideológico innegable. A los querellantes les provoca sarpullidos oír hablar de crímenes del franquismo y buscan, instrumentalizando una vez más a la justicia, hacer pagar a Garzón su osadía por haber dejado en dos autos judiciales un relato sistemático de la represión franquista y de su posible valoración jurídico-penal. Lo más grave es que ese componente ideológico aparezca también en la persona del magistrado ponente del auto de admisión de la querella, Adolfo Prego, patrono de honor de una fundación próxima ideológicamente a los querellantes (el sindicato ultraderechista Manos Limpias y la Asociación Libertad e Identidad) y que no ha ahorrado críticas públicas a la Ley de Memoria Histórica. Debería haberse abstenido, pero no lo ha hecho. Tampoco hay que descartar antagonismos personales entre jueces que, lamentablemente, interfieren a veces en la función jurisdiccional.
Lo aberrante de la querella es que se persiga a Garzón por lo que hacen los jueces todos los días: dictar resoluciones más o menos fundadas o controvertidas, pero que son resueltas en el ámbito de la propia jurisdicción. ¿O habría que acusar de prevaricación al juez Eloy Velasco o al propio Garzón por dictar resoluciones contradictorias respecto de la etarra Maite Aranalde? Con acierto la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional dictaminó que ambas "responden a criterios legales". De ahí que la Comisión Internacional de Juristas, integrada por presidentes de Cortes Supremas y juristas de prestigio de todo el mundo, califique con toda la razón del mundo la querella contra Garzón de "interferencia injustificada en las funciones del juez". ¿No temen los magistrados del Supremo bordear ellos mismos la prevaricación dando alas a semejante querella?
Que la controversia sobre los crímenes del franquismo tiene enjundia jurídica lo demuestra el hecho de que otros jueces, incluso de la Audiencia Nacional, y no sólo Garzón, mantengan que lo son contra la humanidad. Una controversia que debe dirimir el Tribunal Supremo y sobre la que se basa la querella que ese mismo tribunal tramita contra Garzón. Un dato más que muestra el despropósito del caso.
