01/09/10
Dependientes y familiares reclaman a la Generalitat y las residencias que no les usen de moneda de cambio y resuelvan la financiación de las plazas
"Tenemos la seguridad de que están jugando con nosotros". Ángel y José Manuel Pajerón tienen a su madre ingresada en la residencia de Alaquàs, uno de los centros que advirtió a sus usuarios de que quizás tendrían que abandonar sus plazas en septiembre por falta de pago de la Generalitat. Bienestar Social respondió que se les renovará el contrato y no habrá problemas para subvencionar las 1.800 plazas de accesibilidad social, pero a estos dos hermanos y a los otros dos millares de personas en su situación ya no hay quien les quite el susto del cuerpo.
Por eso, familiares de dependientes, entre los que estaban Ángel y José Manuel, se concentraron ayer frente al Palau de la Generalitat convocados por la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia para reclamar medidas destinadas a dar seguridad a los dependientes y sus familias de que no corren peligro los recursos que tienen concedidos. "Queremos garantías de asistencia a estas personas", comentaron.
Pero además, pidieron que se deje de usar a los ancianos como moneda de cambio en el conflicto abierto entre las residencias -a través de su patronal, Aerte- y la Administración. "Están jugando con nuestro miedo, los usuarios no pueden estar encima de la mesa cuando las empresas negocian sus contratos", comentaba Ángel. "Está en juego la vida de personas que se merecen vivir tranquilos los últimos años de su vida".
Hoy está previsto que se reúnan el presidente de Aerte, la asociación de empresarios de residencias de la tercera edad, y la consejera de Bienestar Social. "Lo que esperamos es cerrar el compromiso que nos dio la consejera [Angélica Such] de que pagará las plazas", comentó ayer a este diario el responsable de Aerte, Alberto Giménez. Además, pidió que la Administración financie las 4.000 plazas que tienen vacías los centros privados.
"Tenemos la seguridad de que están jugando con nosotros". Ángel y José Manuel Pajerón tienen a su madre ingresada en la residencia de Alaquàs, uno de los centros que advirtió a sus usuarios de que quizás tendrían que abandonar sus plazas en septiembre por falta de pago de la Generalitat. Bienestar Social respondió que se les renovará el contrato y no habrá problemas para subvencionar las 1.800 plazas de accesibilidad social, pero a estos dos hermanos y a los otros dos millares de personas en su situación ya no hay quien les quite el susto del cuerpo.
Por eso, familiares de dependientes, entre los que estaban Ángel y José Manuel, se concentraron ayer frente al Palau de la Generalitat convocados por la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia para reclamar medidas destinadas a dar seguridad a los dependientes y sus familias de que no corren peligro los recursos que tienen concedidos. "Queremos garantías de asistencia a estas personas", comentaron.
Pero además, pidieron que se deje de usar a los ancianos como moneda de cambio en el conflicto abierto entre las residencias -a través de su patronal, Aerte- y la Administración. "Están jugando con nuestro miedo, los usuarios no pueden estar encima de la mesa cuando las empresas negocian sus contratos", comentaba Ángel. "Está en juego la vida de personas que se merecen vivir tranquilos los últimos años de su vida".
Hoy está previsto que se reúnan el presidente de Aerte, la asociación de empresarios de residencias de la tercera edad, y la consejera de Bienestar Social. "Lo que esperamos es cerrar el compromiso que nos dio la consejera [Angélica Such] de que pagará las plazas", comentó ayer a este diario el responsable de Aerte, Alberto Giménez. Además, pidió que la Administración financie las 4.000 plazas que tienen vacías los centros privados.
