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UNA REFORMA DEL MERCADO LABORAL FRACASADA ANTES DE INICIARSE





Hace meses que todos los agentes económicos y sociales vienen manifestando la necesidad de llevar a cabo de forma consensuada una reforma del mercado laboral para hacer frente a la crisis económica y el galopante desempleo. Ese era el objetivo inicial manifestado por todos. Crear herramientas que fomentasen la actividad económica y que generasen empleo. La intención empresarial de lograr una reducción de la cuota patronal en la negociación llevó al enfrentamiento más fuerte conocido en democracia entre el Gobierno de la nación y un presidente de la CEOE. Por primera vez en nuestra historia, el gobierno y los sindicatos se levantaron de una mesa de negociación dejando sentada a la patronal, arguyendo sin mucha consistencia que esta pretendía el despido libre. Dejemos claro de partida que en España el despido libre existe desde que las relaciones laborales se rigen por el Estatuto de los Trabajadores. Otra cosa diferente es que se reduzca o aumente el coste que para el empresario tiene el despedir a un trabajador. Pero la decisión primera y última de que un trabajador continúe en su puesto de trabajo es una facultad empresarial, salvo en casos de nulidad de despidos por vulneración de derechos fundamentales.



Larvada o descaradamente desde diferentes medios de comunicación, y en algunos casos en forma de dossier, la imagen de Díaz Ferrán se ha visto denostada y vapuleada con el objetivo inconfesable de lograr su relevo al frente de la patronal, sustituyéndolo por un empresario más afín. El presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía, por su cercanía y amistad a Manuel Chaves, parece ser el que más gusta al ejecutivo y en principio conseguía una buena parte de apoyos, entre ellos el nada desdeñable del presidente de Foment del Traball de Catalunya. Sin embargo la dilatación del proceso de sustitución, y sobre todo la implacable resistencia de algunas importantes organizaciones sectoriales como UNESPA o regionales como la CEIM presidida por Arturo Fernández han producido la aparición de más candidatos para la terna, en la que han irrumpido con cierta fuerza personajes como Javier Gómez Navarro, Manuel Pizarro o la propia presidenta de UNESPA. La candidatura andaluza pierde peso por el desgaste que ha supuesto el alargamiento de un proceso de relevo que se presumió inicialmente rápido, y a la que algunas voces desde la propia Andalucía ya acusan por su precipitación.



El debate de la sucesión al frente de la patronal y el fuerte encontronazo entre esta con el gobierno y los sindicatos está conduciendo a que volvamos a perder el norte de los objetivos que tienen que primar en una gran pacto de reforma del mercado laboral. En este escenario la negociación se ha limitado a debatir de nuevo sobre las formas y cuantías del despido, y los modelos de contratación, que si bien pueden ser interesantes no son los que determinan el marco de relaciones laborales, ni son en estos momentos los elementos vitales para la generación de actividad económica y por tanto de creación de empleo. Tanto el gobierno como los agentes sociales son conocedores de ello. Como prueba no debemos pasar por alto las manifestaciones del Ministro de Trabajo Celestino Corbacho en las que advierte en todos los foros en los que quieren oírle, que la reforma del mercado laboral no va a generar empleo. Los sindicatos se encuentran obligados a estar en una mesa de negociación pero el perfil bajo de sus manifestaciones evidencia que no es un tema que les entusiasme. La situación de la patronal, es la que hemos descrito anteriormente, lo que merma su capacidad de introducir temas de calado en la negociación. Por tanto es un debate que está capado de inicio, y el resultado incierto que puede salir de esa negociación no puede ser el que nuestra nación necesita. Con estos mimbres no se puede tejer un buen cesto y la reforma del mercado laboral está abocada al fracaso antes de comenzarse a negociar.



En este punto cabe entonces preguntarse: si esta reforma laboral no va a crear empleo, y desconocemos con certeza el escenario que nos vamos a encontrar tras la crisis ¿para qué llevar a cabo una reforma de estas características en estos momentos? Complementariamente a esa línea argumentativa también debemos preguntarnos ¿Qué elementos sería preciso introducir en la negociación para que esta sirviese de algo y no se partiese de un debate lisiado?



Señalar algunos elementos para dar respuesta a esta última interrogación es el objeto de esta reflexión, la cual no se lleva a cabo para generar argumentos para enterrar la negociación. Encauzarla debidamente debe ser el objetivo de todos, para que su resultado pueda ser eficaz en la reactivación económica y que genere soluciones al gran drama nacional que en estos momentos supone una tasa de desempleo intolerable y que por el momento no tiene techo.



En primer lugar iniciar una negociación con las cartas marcadas es una mal inicio. Para un pacto de estas características es necesario grandes dosis de sentido de Estado y que se pueda hablar de todo, sin temor a que las palabras puedan dañar nuestros intereses personales. Sobre todo porque lo que realmente daña esos intereses personales en estos momentos es no poder vender nuestros productos, tener paralizadas nuestras exportaciones, no tener un sueldo que llevar a casa o la cada vez más atroz situación en que se encuentran miles de familias. Por tanto los prejuicios hay que dejarlos en la puerta y hablar sin tapujos, partiendo de la base de que todos tendrán que hacer concesiones. Hay cierta uniformidad de criterios en diversos colectivos sociales sobre los seis elementos básicos en que debería basarse una reforma en profundidad de nuestras relaciones laborales, por lo que paso a señalarlas junto con algunos puntos con los que pretendo generar una sana controversia y debate.



Estatuto de los Trabajadores.



Es ineludible en este punto plantearnos si el marco de relaciones laborales que se deriva de la aplicación del Estatuto de los Trabajadores, y la estructura de negociación colectiva es la idónea para afrontar el futuro. Es un debate de difícil solución que puede generar fuertes controversias, pero sostengo que la sociedad española es suficientemente madura y no necesita tutelas de mentes privilegiadas que le escatimen el debate. Es hora de reconocer que somos adultos y que papá estado no tiene que sobreprotegernos hurtándonos discusiones imprescindibles que determinan al fin y a la postre la marcha de nuestras vidas.



Como viene ocurriendo tradicionalmente las leyes van muy por detrás de las realidades, y el Estatuto no da ya soluciones a muchas dificultades que se plantean. El estatuto no regula y ampara amplios sectores productivos y situaciones como pueden ser los autónomos, los socios trabajadores, las empleadas de hogar, los sistemas de teletrabajo, las amas de casa, las remuneraciones variables o a comisión, los familiares de los empresarios, los periodos de prueba, los incentivos a la productividad o la eficiencia, las relaciones laborales en las pequeñas empresas, la contratación específica de inmigrantes con permisos temporales de trabajo, los trabajadores liberales o intelectuales, los trabajadores españoles que trabajan en embajadas extranjeras, las bajas laborales o las contingencias comunes, la descapitalización de empresas el trabajo por objetivos o la deslocalización, por poner sólo unos pequeños ejemplos. Los juzgados de lo social están inundados de demandas, muchas de ellas insustanciosas por la falta de una necesaria implantación de las condenas a costas judiciales, y otras con temas enjundiosas que se derivan de una falta de normativa clara y concisa que no de lugar a diferentes interpretaciones. El Estatuto vino a sustituir el Fuero de los Trabajadores pero se encuentra ya tan obsoleto como este. Por tanto es preciso elaborar una nueva norma marco que regule las relaciones laborales y ponga al día nuestra normativa y jurisprudencia, adaptándola a la senda de una sociedad del conocimiento que es preciso implementar para ganar en competitividad y eficiencia.



Estructura de la negociación colectiva.



La estructura de negociación colectiva, de la que salen los convenios colectivos tampoco da una solución a cientos de miles de trabajadores y empresas especialmente en el caso de las pequeñas empresas en situaciones de crisis y se ajusta más a la realidad de grandes empresas. No podemos olvidar en este caso que la mayor cantidad de generación de empleo pertenece a este segmento. La capacidad y margen de negociación de los comités de empresa o delegados, que son los que mejor conocen la situación de la empresa, se encuentra seriamente limitada y delegada en pro de sindicatos que en muchas ocasiones desconocen esa realidad o legislan en función a intereses que parecen ajenos a empresas y trabajadores.



También es un tema tabú en España la posibilidad de establecer mecanismos de negociación personal entre el trabajador y el empresario y la plasmación contractual de estos acuerdos. Esta es una herramienta que ni siquiera se contempla pero que podría tener validez sobre todo en pequeñas empresas y evitaría el enquistamiento en las relaciones laborales en muchas pymes y sería una herramienta eficaz para la superación de problemas puntuales sin tener que llegar a situaciones traumáticas. Puede abordarse estableciendo unos sencillos mecanismos en los que los institutos laborales y los servicios de mediación podrían adoptar un importante papel.



Sistema de Seguridad Social.



Sin ninguna duda alguna el sistema de seguridad social y su financiación debe también ponerse sobre la mesa como uno de los elementos básicos de este debate. No parece razonable que la financiación del sistema de pensiones, que es un derecho que deriva de la pertenencia al mercado laboral permanezca fuera de ella, dejándolo en manos exclusivas del Pacto de Toledo. Porque dependiendo del modo en que se determine cómo se financian el sistema de Seguridad Social, se podrá determinar la modificación de las cuantías de las cuotas o el concepto de las mismas y a quién son achacables. En este sentido me he mostrado partidario en diferentes foros, y en estas páginas también, de que la financiación del sistema de pensiones se traslade desde las cotizaciones sociales a la implantación de un impuesto fijo directo a la riqueza, al modelo de una especie de IVA, pudiendo con ello disminuir gradualmente las cotizaciones a la Seguridad Social. Ese modelo está siendo defendido cada vez por un mayor número de economistas, siendo Jordi Sevilla a través de su blog el que inicialmente abrió la veda.



Pero a la hora de hablar de Seguridad Social no debemos pararnos en el sistema de financiación de las pensiones, puesto que es necesario debatir otros aspectos. Por ejemplo es necesario abrir un debate sobre la imperiosa financiación de la necesidad social de extender la conciliación de la vida laboral y familiar a todos los trabajadores y trabajadoras, posibilitando la educación de nuestros hijos y el fortalecimiento del núcleo familiar como elemento de cohesión social, la incidencia de la ley de dependencia en el mercado de trabajo y su financiación, o sobre quién tiene que asumir los costes de la baja de maternidad o de lactancia, el impacto que tienen en las empresas las bajas laborales y abordar definitivamente un sistema válido que permita identificar de forma rápida y eficaz las bajas fingidas y su posible sanción, o la intervención de las mutuas en la prevención de riesgos laborales y en las contingencias comunes, amén de revisar el papel de la inspección médica.



Inmigración y mercado de trabajo.



Este es un asunto polémico pero que debe ser abordado en este marco por su importancia social y su innegable repercusión en el mercado de trabajo. No sólo porque el ministro de Trabajo también lo sea de inmigración, sino fundamentalmente porque el 96% de los inmigrantes que llegan a nuestro país lo hacen por motivos laborales y es irrefutable el impacto de la inmigración en el mercado de trabajo. Es necesario conocer de forma definitiva cual es la foto fija del mercado laboral. Es decir, cuales son las necesidades de mano de obra de nuestro mercado de trabajo. Sin conocer esa foto fija es imposible determinar si es necesario y responsable aceptar la entrada de más inmigrantes o permitir la regularización de los que ya están aquí en situación ilegal. Años antes del inicio de la crisis, la responsable de inmigración Consuelo Rumí, ya señaló en diferentes medios de comunicación que el Ministerio de Trabajo desconocía cuál era esa foto fija. Cuando contemos con ese dato fundamental, podremos saber cuántos inmigrantes puede absorber nuestra economía o si existe una mayor cantidad que lo que el mercado laboral puede aceptar. No parece responsable seguir permitiendo la llegada de inmigrantes a nuestro suelo, si estos exceden del número de los que es posible proporcionar un puesto de trabajo digno, ya que de esta forma se les destina a vagar por las calles, vivir de la caridad y la asistencia social. Sin contar con ese dato, continuar diciendo que España necesita inmigrantes para crecer es tan demagógico como decir lo contrario, ya que sin el dato es imposible saberlo. La herramienta de la foto fija también ayudará a abordar cuestiones necesarias como la movilidad geográfica y las necesidades formativas en función de la demanda de puestos de trabajo.



En esa dirección no es una casualidad que la actual legislación determine que los permisos de residencia y trabajo de inmigrantes sean de carácter temporal, y cuando el permiso finaliza debe o bien ser renovado en el caso de que este disponga de trabajo, o bien ser rescindido con la consecuencia de tener que marchar hacia su lugar de origen, del mismo modo que ocurre cuando finaliza un contrato en una empresa y el trabajador no puede permanecer en ella. En este ámbito los discursos políticamente correctos chocan con la testaruda realidad y no es prudente realizarlos.



Analizar en profundidad si se debe llevar a cabo un contrato de trabajo con características especiales para este colectivo, como se hace con otros colectivos, y en el que se plasmen esas características, debe también ser englobado en esta negociación. Especialmente interesante resultaría del intercambio de ideas entorno a la generación de derechos (por ejemplo pensiones) de este colectivo. La experiencia del resto de países europeos en este sentido debe ser tenida en cuenta, ya que muchos de ellos llevan más de 60 años recibiendo inmigración y ya conocen o padecen las consecuencias de algunas erráticas políticas o el beneficio que puede suponer tanto para el inmigrante como para la sociedad española una correcta regulación.



Sindicatos.



Se hace preciso abordar el asunto de la sindicación, pudiéndose llegar a que esta sea obligatoria y cuantificándose en la nómina del trabajador el coste que supone el ejercicio de ese derecho, así como la elección del trabajador de la central sindical a la que quiere que vaya destinado el importe que le retiran de su nómina. Ello provocaría una mayor implicación de todos los trabajadores en su sindicato y fomentaría recíprocamente un mayor interés de estos en el día a día de los trabajadores evitando con ello el alejamiento de las llamadas burocracias sindicales y los trabajadores, ya que en ello les irían sus recursos económicos. Este sistema implantaría un modelo de financiación transparente de las organizaciones sindicales, alejado de la opacidad actual y permitiría que el coste de las horas sindicales y los liberados fuese abonado de estas cuotas y no tuviera que ser soportado por las empresas como ocurre actualmente, en una situación actualmente tolerada pero a todas luces injusta. Ello también invitaría a abrir la discusión sobre quién debe asumir el coste de las movilizaciones de los trabajadores en defensa de sus legítimos derechos laborales y el derecho de huelga o de cierre patronal, evitándose espectáculos como los producidos entre controladores aéreos y AENA.



Funciones y facultades de las administraciones con intervención en el mercado de trabajo.



Y por último aunque fundamental, la función y obligaciones de la administración también debe ser abordado, especialmente el papel que tienen o deben desempeñar instituciones como el antiguo INEM, la inspección de trabajo, los institutos laborales, los servicios de prevención de riesgos laborales, los servicios de mediación, los juzgados de lo social, o el sistema de formación continua de los trabajadores, por poner solo algunos ejemplos. La maquinaria dependiente de la administración debe actualizar sus contenidos y funciones. Por poner sólo un ejemplo no parece razonable que el INEM, ahora delegado a las comunidades autónomas, se limite a registrar contratos sin entrar a valorar su contenido, ni velar por su renovación o simplemente solicitar documentación que avale la causalidad de un contrato temporal. Poner al día esas funciones y los medios para desarrollarlas es necesario, puesto que juegan un papel muy importante en las relaciones laborales y estas también deben asumir sus responsabilidades. Especial capítulo debe merecer el sistema de formación para trabajadores y desempleados incorporando a autónomos y empresarios, ahora fuera de estas posibilidades de formación que ayudaría sin duda a regenerar nuestro sistema productivo e incardinándonos en una sociedad del conocimiento a la que debemos aspirar.



Con estos y otros elementos puede generarse un amplio debate social en el que participen no sólo los sindicatos, gobierno y patronal, sino en el que sean escuchados también otros importantes colectivos sociales, alcanzando de esta forma un consenso general sobre el futuro de nuestro mercado de trabajo. De no hacerse así, mucho me temo que volveremos a dejar pasar una nueva oportunidad de transformar oportunamente nuestro mercado de trabajo, y nuestras leyes seguirán estando desbordadas por la realidad social mostrando su ineficacia.